Estocada a la Fiesta Nacional: Diario La Razón

Domingo, 07 de Junio de 2020 00:00
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“Si esto queda así de manera definitiva, no habrá toros”

La industria taurina cuestiona la rentabilidad del espectáculo al 50% del aforo y temen que la medida sea una excusa para poner más trabas a un sector ya muy castigado

Por Andrés Sánchez Magro

El BOE no trae buenas noticias para la fiesta de los toros. La que dicen será la última ampliación del estado de alarma a causa de la pandemia por la Covid-19 incorpora en su artículo 38 bis una regulación concreta para los espectáculos taurinos que habla, como mucho, de un tercio del aforo y un número máximo de 400 espectadores para la fase 2 y de 800 para la 3. El sector taurino se ha movido rápido y lanzado nuevas señales de alarma ante lo que consideran una puñalada más del actual Ejecutivo hacia el segundo espectáculo de masas del país.

Aunque muchos no quieren dar sus nombres, entre los que se encuentran los principales empresarios de las plazas de toros, se entiende que esta regulación puede ser un anticipo de limitaciones para la programación del toreo una vez se levante el estado de alarma. Desde luego, a juicio de Rafael Garrido, empresario de la plaza madrileña de Las Ventas, «si esto queda así de manera definitiva es imposible económicamente dar ningún espectáculo. Confiemos en que solamente sea para este tiempo limitado que dure el estado de alarma, porque, de lo contrario, no habrá toros».

La idea común entre unos y otros es que se trata de una medida improvisada, incluso innecesaria, que debería quedar en agua de borrajas cuando se llegue a la llamada «nueva normalidad».

«Ajustar pretensiones»

En esto coincide José María Garzón, tal vez el empresario joven más dinámico y optimista en el planeta de los toros, cuando señala que va a haber «cambios importantes y seguramente positivoss». Sigue insistiendo Garzón en la necesidad de que se celebren toros una vez se levante el estado de alarma, pues cree, de modo optimista, que con un 40 o 50% de aforo puede ser rentable la programación, siempre que colaboren ajustando sus pretensiones todos los actores intervinientes en la materia, como toreros o ganaderos de todo tipo. La duda, no solo jurídica, sino también cultural pasa por examinar si una normativa tan manifiestamente contraria a los toros es una anécdota o un episodio más de una política poco proclive a esta actividad cultural.

Siguen vigentes las quejas e incluso las acciones penales que ha emprendido la Fundación contra autoridades administrativas, que no reconocen derechos laborales de subalternos y otros profesionales taurinos. Por su parte, Fernando Gomá, vicepresidente de la Fundación del Toro de Lidia y notario, reflexiona expectante sobre lo que dicen será la regulación definitiva en los próximos días, cuando se atribuya a la autoridad central o a las comunidades autónomas la competencia para permitir los espectáculos taurinos.Desde la convicción del papel de lobby –incluso a nivel europeo– que la Fundación debe ejercer en la materia, cree que todavía hay mucho que trabajar. Pero no todo es pesimismo, pues la reforma que necesita un sector con problemas históricos puede acabar siendo una oportunidad.

Además, cunde el temor entre las gentes del toro de las posibles maniobras de algunas comunidades autónomas –especialmente, la Balear–, de que aprovechen esta circunstancia del levantamiento del estado de alarma como excusa para poner trabas a la fiesta.

Desde luego, como puntualiza el empresario de Madrid Rafael Garrido, no se entiende «una discriminación para algo tan importante de la cultura nacional y que merezca un tratamiento que no tiene, por ejemplo, el baloncesto».

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